La cuestión de fondo no es corporativa, sino jurídica y técnica. Si un profesional cuenta con la formación, las atribuciones y la competencia necesarias, no debería ser excluido automáticamente por no pertenecer a una titulación concreta. La seguridad en obra debe estar siempre garantizada, pero precisamente por eso debe valorarse la competencia real del técnico, no imponerse reservas profesionales que no estén claramente justificadas por la ley.

Esta petición defiende algo tan básico como el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, libre competencia profesional y reconocimiento de cualificaciones. No se pide ningún privilegio: se pide que los ingenieros técnicos industriales puedan ejercer cuando sean competentes para ello.